miércoles, 18 de septiembre de 2013

Karl-J. Hölkeskamp:

Reconstructing the Roman Republic.  An Ancient Political Culture and Modern Research.
Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2010, 189 pp.
(Rekonstruktionen einer Republik. Die politische Kultur des antiken Rom und die Forschung der letzten Jahrzehnte, München, 2004).


La discusión que RRR prolonga, y quiere estimular, tiene más de un siglo. Mientras Mommsen había hablado de “partidos” en la Roma republicana, no muy diferentes a los que él conoció en la Europa del s. XIX, Matthias Gelzer (1912), Friedrich Münzer (1920) y Ronald Syme (1939) destacaron el carácter puramente personal y familiar de las relaciones políticas en la república romana. A partir de esta perspectiva prosopográfica, el consenso desde entonces vigente se basó en la idea de que la República era necesariamente oligárquica, y que en ella una clase dirigente –nobilitas, a veces llamada “aristocracia senatorial”- controlaba no sólo el Senado y los altos cargos políticos y sacerdotales, sino también la representación popular. Sin embargo, ya en el último tercio del s. XX ese consenso comenzó a ser discutido. Así C. Nicolet (en su Métier du citoyen, 1976) destacó el papel del populus y del ciudadano, que no se limitaba a simple mascarada. El autor de la obra que comentamos nos recuerda que aun maestros del método prosopográfico, como Erich Gruen (sobre cuya Last Generation of the Roman Republic, cf. nuestra reseña en Limes 7/8, 1995-96) y T.R.S. Broughton, advirtieron los límites del mismo y señalaron los peligros de ceñirse a esquemas dogmáticos. Pero quien desafió abiertamente la “ortodoxia” establecida fue Fergus Millar, en una serie de trabajos publicados desde 1984. Millar reivindicó la función política decisiva del pueblo a través de sus asambleas; llamó “mito” la idea del control vertical de la clase dirigente sobre otros grupos de ciudadanos y negó que existiera una clase dirigente como tal, homogénea y hereditaria. En su opinión, la república romana era un tipo de direct democracy, no una oligarquía aristocrática.
Es con Millar que K-JH emprende aquí una discusión frontal. Pues, en su opinión, Millar tiende a reemplazar posiciones unilaterales con otras igualmente one-sided, y su obra es provocativa, pero no ha abierto un verdadero debate (“From ‘Provocation’ to ‘Discussion’” se titula el cap. 1 de RRR). En consecuencia, K-JH se propone en esta obra revisar las réplicas a Millar,  que éste o sus seguidores han –aparentemente- ignorado, analizar los supuestos y problemas de las distintas visiones enfrentadas e intentar nuevas aproximaciones teóricas, metodológicas y empíricas al tema de la cultura política romana republicana. Veamos cómo lo hace.
Cuando Millar caracteriza la república romana como direct democracy se basa, afirma K-JH (cap. 2), en la idea de una “constitución” republicana, incluyendo la idea de soberanía del pueblo y de instituciones legalmente definidas. Ahora bien, esa constitución, como tal, no existió. Millar ignora –acusa nuestro autor- el creciente debate sobre la problemática reconstrucción de un “derecho público” romano (Staatsrecht), emprendida por Mommsen. Se trata de la crítica hacia la perspectiva de la historia constitucional y el subyacente (“abstract, metahistorical, and normative”) concepto de Estado. El punto es que no podemos hablar de “Estado” en la Antigüedad como hablamos del Estado moderno, ni de “constitución” como un entramado de instituciones y de derechos y funciones bien definidos. Siguiendo a Christian Meier (Res publica amissa, 1966), que ve en Roma una “constitución orgánica” basada en la propia práctica política, en tanto opuesta a una “constitución fundacional” (de tipo moderno), K-JH admite un mínimo de “estatalidad” (Staatlichkeit). En cambio, apunta a la relevancia del mos maiorum –con toda su falta de definición rigurosa- como clave de las relaciones y funciones de la vida política; de él resulta la influencia decisiva del Senado. Por eso es  discutible una reconstrucción de la República que se centre en las asambleas populares. Es más, si del s. II al s.I hubo un papel creciente de estas asambleas como cuerpos legislativos, en ello el autor ve no sólo una reducción de la flexibilidad, sino también el deterioro y la eventual desintegración del consenso en que la “constitución orgánica” se basaba. La tendencia a reemplazar las reglas sociales tradicionales por leyes escritas aparece como un medio de compensación de la declinación del consenso;  un síntoma de “torpor and crisis”, más que una efectiva democratización.
Siguiendo siempre a Meier, K-JH piensa que haría falta una teoría general de la formación de agrupaciones políticas (Parteiungen, “agrupaciones”, y no Parteien, “partidos”) en las sociedades premodernas (cap. 3). El proceso de formación, las condiciones y estructura de las agrupaciones mismas, su modificación y desaparición, la pluralidad de centros de decision making, son problemas que precisamente deben ser aclarados. Para analizar los centros de decision making, K-JH estima que hay que dejar de lado –una vez más- la perspectiva contitucionalista; es claro que, en Roma, el órgano central de gobierno fue el Senado, y tanto más cuanto sus competencias nunca estuvieron formalmente definidas –y así lo reconocía Mommsen. La (en principio sorprendente) potestad de los tribunos de la plebe, por ej., estaba limitada en concreto por numerosas tradiciones sociales, convenciones y reglas que derivaban del mos maiorum. Enseguida, está la cuestión de las jerarquías sociales –a través de toda la sociedad romana, a partir de la familia- y, en especial, la de la clientela. Pero reconocer la omnipresencia de las relaciones de dependencia en la sociedad romana –dice K-JH-, no significa adscribirse sin más a la “old orthodoxy” que Millar afecta combatir, aunque ya hace rato que la misma se encuentra bajo fuego. En particular, Meier ha sostenido la existencia de diversas clientelae en el tiempo y que, en definitiva, las relaciones clientelares llegaron a ser bastante más variadas, flexibles y concurrentes de lo que se había supuesto. Una última cuestión, en este capítulo, es la del grado de “politización”: qué temas podían estar o no en una agenda “política”. Muchas cuestiones en la sociedad romana no fueron, por mucho tiempo, objeto de discusión: no eran “politizables”, en la misma medida en que eran parte de un firme consenso sobre los fines y los medios. Ciertas cuestiones políticas que habían sido altamente controvertidas –por ej., la del acceso de los plebeyos a ciertos cargos- simplemente desaparecieron, en tanto otras –en la tardía República- pusieron a prueba la capacidad del sistema para alcanzar genuinas soluciones políticas. Las tensiones que no podían ser resueltas constituyeron –en términos de Meier- un “proceso autónomo” que llamamos “crisis de la República”.
Ese consenso firme y duradero es lo que explica que la República funcionase tan bien por tanto tiempo sin un cambio significativo en sus estructuras y carácter –eso es lo que debería llamar la atención, más que lo contrario, que la República haya entrado en crisis o caído (cap. 4). El consenso ha sido explicado, a su vez, por la “orientación hacia el Estado” que caracterizaba el ethos colectivo de los romanos, la identificación de la aristocracia con el Estado y la disposición a obedecer de parte del pueblo (E. Flaig habla de Gehorsamstiefe, “profundidad de obediencia”). Aceptando en general esta idea, K-JH  quiere examinar ese ethos colectivo con los nuevos métodos de la Begriffsgeschichte (historia conceptual). Ya los filólogos clásicos habían emprendido la definición de los términos que designan las “virtudes” romanas (virtus, fortitudo, fides, gravitas, etc), pero se ha tratado, piensa nuestro autor, de un método lexicográfico poco sofisticado teóricamente (y, peor todavía –nos dice-, en cierta escuela alemana ha habido una “agenda oculta” política e ideológica en torno al ideal de la Romanidad). Se trata, en cambio, de los términos (“cognitive concepts”) que designan, construyen y afirman el “significado” en la sociedad romana, no sólo en la retórica de la política y de la controversia legal, sino en todas las formas del discurso literario, religioso y social. Ni la validez universal y general aceptación de esas virtutes, ni su traducción en un código concreto de conducta pueden darse por supuestas, previene el autor. Por el contrario –propone-, su carácter de problema necesita ser aprehendido por cualquier análisis histórico cultural y social que valga la pena.
El concepto de “cultura política” (cap. 5) es central a RRR, y su autor lo toma de C. Geertz, con el sentido de “conjunto de textos”, interconectados inseparablemente en “redes de significación” y formas simbólicas que constituyen el conocimiento, en una sociedad dada, de las “attitudes toward life”.  No se trata solamente de un sistema de conceptos morales o de las convenciones u costumbres aceptadas, sino de toda una serie de “images of reality, a system of ‘making sense’ of”; o, como también lo llama, “conocimiento nomológico”. Porque, mientras hay un lado “técnico” o racional de la política (su “superficie”: la “agenda” concreta, el contenido explícito), hay también aspectos “expresivos”, “ceremoniales” y “cognitivos”. En toda cultura y sociedad –se nos dice- se encuentran formas simbólicas de comunicación (rituales, juegos, espectáculos, procesiones y festivales de todo tipo) junto a las instituciones políticas y procedimientos formales de decision making. Es importante la advertencia de que las formas simbólicas y rituales y los procedimientos “racionales” o “técnicos no pueden ser separados como tipos opuestos; y que tampoco representan “etapas” (históricas) en algún proceso lineal de “racionalización”. Ejemplos de estos “textos” los tenemos en la pompa triumphalis, pero también en las ceremonias religiosas corrientes, en las reuniones del Senado y en las asambleas populares; y en ese “texto urbano monumental” que incluía templos y santuarios, el Foro Romano, el Capitolio y otros centros y monumentos cívicos. Dos líneas recientes de indagación han convergido en este tema: una orientada hacia el “poder de las imágenes” (P. Zanker) y otra hacia la “memoria cultural”.
En este contexto, es importante la discusión sobre el grado de “estatalidad” de la “ciudad-estado”; e importante, también, el aporte de la historia comparada sobre las ciudades-estado en la Europa premoderna, Cercano Oriente, América o Asia. K-JH se queda con una concepción “minimalista”, que no necesita implicar todos los supuestos del Estado en sentido moderno. En cuanto a las instituciones, hay que evitar entenderlas en un sentido estático, sino más bien concebirlas como un ordering pattern, estructuras normativas que son estabilizadas por la repetición regular de cierta conducta, que a la larga lleva a la “solidificación” de la misma, que se hace así predecible, internalizada y confiable. Y la “estatalidad” de la ciudad tiene el específico carácter de una relación “cara a cara”: las instituciones y las conductas institucionalizadas suponen una “audiencia”, el populus Romanus “and its res” (la res publica), presente en rituales cívicos y todo tipo de actos públicos, y regularmente en comicios y contiones.
El tema de “aristocracia y democracia” es, por supuesto, ineludible –pero se trata de “a dated dichotomy”, anuncia el autor (cap. 6). En polémica con Millar, nos recuerda que nadie ha pretendido que la “aristocracia senatorial” (la nobilitas) fuese un aristocracia hereditaria “clásica” en el sentido de un grupo cerrado y legalmente definido, privilegiado por derecho de nacimiento y descendencia; que ni aun Münzer o Syme han usado los términos nobilitas  y nobilis como términos técnicos (aunque, leyendo, por ej., a Syme, uno tiene la impresión de que emplea esos términos en un sentido preciso y específicamente romano, lo que está muy cerca de ser un sentido “técnico”); y que nadie ha definido esta aristocracia como un “orden” o “estamento”, con la salvedad del antiguo patriciado.  Se trata pues de la aristocracia “patricio-plebeya” de la República media y tardía, esa “aristocracia de oficio” que, insiste K-JH, era una aristocracia “abierta” en cuanto la única condición para pertenecer a ella era el haber ejercido ciertos cargos, el acceso a los cuales nunca estuvo restringido por ley a un grupo determinado. Sin embargo, parece apropiado distinguir en ella un núcleo de gentes que fueron capaces de mantener un alto grado de éxito en sucesivas elecciones en un período relativamente largo de tiempo, de un círculo más amplio de familias que no fueron tan exitosas y debieron luchar siempre para mantenerse dentro de esa aristocracia. Ejemplos en ambos sentidos proporciona un rápido examen de los Iulii, Genucii, Popilii y Caecilii Metelli, además de los casos de grandes individuos que no fundaron un linaje consular. Una conclusión parece ser que el “ala” plebeya de la nobilitas estuvo sujeta a cambios y fluctuaciones en la “membership in the club” en más alto grado que el “ala” patricia. Pero los Fabii y Aemilii proporcionan también, por el lado patricio, ejemplos de grandes cambios de fortuna. Otra conclusión es que la supervivencia de muchas familias en la línea masculina podía ser seriamente amenazada en cualquier generación: por la baja esperanza de vida, agravada por el hecho de que un joven aristócrata tenía que probarse en diez años de servicio militar (con el riesgo consiguiente), y porque –ya a principios del s. II- se estableció una relativamente alta edad mínima para los cargos con imperium.  
Pero aun si la composición efectiva de esta aristocracia senatorial y de su círculo interior estuvo en constante fluctuación, no es necesario –como querría Millar- abandonar la idea de una clase política aristocrática. Si ella no se cerró formalmente, mostró, no obstante, una inherente tendencia hacia la exclusividad –lo recuerda simplemente la muy alta proporción de cónsules con antepasados consulares. Su “exclusividad” derivaba principalmente de su identidad colectiva y de su propia definición (implícita) como “clase política”. Pero también de una orientación ideológica de “exclusiva” devoción a la política y a la guerra al servicio de la res publica. A diferencia de otras aristocracias, todos los miembros de ésta tenían que dedicarse individualmente, en forma exclusiva, al servicio del sistema. Asimismo (y es un rasgo fundamental), los honores eran concedidos, independientemente de la propia aristocracia, por el pueblo. Aunque las elecciones no fueran enteramente “libres” (dados los derechos del magistrado que presidía, la forma de votación, etc), la elección como tal era indispensable. La misma intensa competencia por los honores exigió que los “ganadores” fueran seleccionados en una instancia neutra, fuera de la clase política misma. En paradoja sólo aparente, la elección era el mejor modo de asegurar la estabilidad y el mínimo nivel necesario de homogeneidad y consenso en esta aristocracia de oficio.
Si el sistema político romano era tan altamente competitivo, requería por tanto un alto grado de consenso (cap. 7). Volviendo, pues, a la cuestión del consenso, K-JH recurre a la tipología de las formas de competencia trazada por Simmel: cuando se compite por un premio, los “partidos” no luchan directamente uno contra otro, sino más bien por el reconocimiento de sus méritos por un “tercer partido” (el populus Romanus que otorga los honores). Se sigue de ello que los “partidos” concurrentes tienden a estar tan cerca del “tercer partido” como sea posible. Simmel destaca el “inmenso efecto socializante”  de este tipo de competencia: las partes tienen que compartir un cuerpo de normas y reglas. Tales son la igualdad entre competidores (el perdedor debe tener oportunidades de llegar a ganar en alguna próxima oportunidad); la disponibilidad o asequibilidad del premio, a intervalos previstos regulares (las elecciones, en este caso), y la comparabilidad de la actuación y logros de los competidores.  Para el caso romano, apunta K-JH, la competencia, como elemento central para mantener y reproducir esta “meritocracia”, estuvo integrada en un consenso acerca de sus precondiciones, reglas y fines, basado en un alto grado de aceptación y consentimiento colectivos
El corolario de este sistema, dice K-JH, es la “collective concentracion on public presentation”, por una parte, y, por otra, la presión permanente sobre casi cada miembro de la clase política para hacerse públicamente “presente”, “visible” en persona y conocida. La interacción se manifestaba de dos modos: como apelación al populus Romanus y negociación con él, en cuanto foro formal de decisiones y ultimate source of legitimacy; y como reafirmación, reproducción y renovación de la clase política por el populus en las elecciones y otras formas de asentimiento.
Si los honores no eran, como tales, hereditarios, otros atributos, propiedades, ventajas y privilegios sí lo eran, observa K-JH (cap. 8). Son ellos los que constituyen el “capital social” o “simbólico”, en términos de P. Bourdieu. Este “capital” era creado por los antepasados y acumulado a través de varias generaciones, mediante el ejercicio de consulados, preturas, censuras, sacerdocios, etc. Así los antepasados “recomendaban” a sus descendientes (commendatio maiorum). Vale decir, era parte del consenso general que el capital simbólico de una gens era un legítimo criterio en el momento en que correspondía al populus asignar rango y  status a un individuo. Este capital no sólo tenía que ser cultivado  y renovado por nuevos “depósitos”, sino que también la memoria del mismo tenía que ser actualizada: la pompa funebris, con la exhibición de las imagines, servía, entre otras ceremonias, a ese fin. Cierto que podía ser una herencia compleja y –en ocasiones- ambivalente. Pero a la vez el capital simbólico ejercía una permanente presión sobre los miembros individuales de la familia: la “ley de hierro” de la meritocracia romana rezaba que un joven nobilis no podía permitir ni la más ligera sospecha de que le faltaba la necesaria industria para distinguirse por sí mismo. En fin, el consenso sobre la validez de ese capital social se extendía a todo el espectro de formas y medios de presentación pública de logros y méritos.  Todos los rituales y modos de auto-anuncio tenían que seguir patrones reconocibles, y, por consiguiente, tenían que ser regulados por un conjunto aceptado de reglas. La “comparabilidad” permaneció como la esencia de la competencia, incluso en la situación confusa y desequilibrada de fines de la República.
RRR termina con un alegato por una “nueva Historia Antigua” (cap. 9). La crítica que se hace a Fergus Millar consiste, finalmente, en que éste no supo tomar en cuenta los intentos ya existentes de revisión de la antigua “ortodoxia”, y perdió la oportunidad de proseguir y enriquecer una discusión que implicaría cuestiones teóricas y metodológicas de largo alcance. Pues K-JH aprecia un “cambio de paradigma” en la historia antigua, que debería salir del ghetto de sus fijaciones y restricciones tradicionales (la tradición del Staatsrecht, por ej.) y abandonar la concentración “anticuaria” en una “strictly positivist histoire historisante. Sólo que, con esta invocación a L. Febvre, nos da la impresión de que autores como éste, M.I. Finley o J. Le Goff, conocidos hace bastante tiempo en nuestro medio, han venido a conocerse sólo recientemente en la historiografía de lengua alemana. Pues barreras lingüísticas pueden aún ser efectivas: en sentido inverso, sobre la recepción de la obra historiográfica alemana en la lengua inglesa, el autor se queja: teutonica sunt, non leguntur. Como fuere, observa que, ya desde mediados de los 70, muchos historiadores se apartaron de las ideas recibidas y de las tradicionales preconcepciones –la división en “épocas” o “períodos” establecidos, por ej.- y se interesaron por temas nuevos, tales como las formas, carácter y definición del “imperialismo” romano, o la “estatalidad” de la ciudad-Estado. K-JH  cree que una “gramática política”, en el sentido que Ch. Meier quiso darle, permanecerá en la agenda de una Historia Antigua modernizada; que una filología clásica reformada, que ha llegado a redefinir su noción de “texto”, llevará a interesarse no sólo en la literatura, sino asimismo en las condiciones sociales e intelectuales de su producción; y que la interdisciplinariedad permitirá nuevos enfoques. Cierto, admite, las teorías de moda pueden ser extravagantes o aberrantes; pero, aun así, la amenaza representada por “postmodernist arbitrariness” puede ser enfrentada tomando la ofensiva y promoviendo un concepto de “cultura política” basada en la moderna historia social y cultural, tanto como en la ciencia política.
Puesto que K-JH, a lo largo de su obra, polemiza fuertemente con Millar, es necesario decir algo en descargo de este autor. En uno de sus primeros trabajos sobre el tema (“Political Power in Mid-Republican Rome: Curia or Comitium?”, Journal of Roman Studies 79, 1989 –incidentalmente, en parte una revisión de la obra de K-JH, Die Entstehung der Nobilität), Millar sostenía que no se puede dar por sentado que existiera una clase dirigente simplemente porque algunos individuos ejercían las magistraturas que, a priori, se han definido como constitutivas de esa clase. Millar apuntaba, por ej., a que, cuando, de más de 1000 tribunos de la plebe (entre 366-219; de hecho, cerca de 1500), se conocen los nombres de sólo una treintena, no hay antecedentes para sostener que eran una élite, “except (circularly) that they held the tribunate”; que tampoco hay pruebas para afirmar que Q. Publilio Filón (cuatro veces cónsul entre 339-315, dictador, censor) era un “aristócrata”, si no conocemos a sus antepasados (tal vez haya un Publilio tribuno en 384); y que tampoco estamos seguros de que L. Cecilio Metelo, cos. 251 y 247 –el primero en exhibir elefantes en un triumphum-, haya sido hijo del cónsul de 284 –requisito para tenerlo por nobilis. Nótese que hablamos de la “República media” (ss. IV-III); otra cosa es la nobilitas que se constituye a partir de entonces. Pero, aun en este caso, cuando se encuentra un Claudio de Antium, o Claudios etrusquizantes en Aleria, se puede empezar a pensar –observa Millar- si la larga continuidad que se atribuye a la gens Claudia no es un caso de mythic history. K-JH no se hace cargo de estos argumentos.
 Sin duda el término “constitutional” es equívoco, aunque no sabemos si Millar, cuando lo emplea, piensa realmente en algo así como una “constitución” de tipo moderno. K-JH sostiene que era muy excepcional que las asambleas populares romanas crearan “normative public law” a través de la legislación (“at least so far as the middle Republic is concerned”); Millar, por su parte, admitiendo que la cuestión de cuándo un acto de voto colectivo constituía legislación, en la temprana República, es “a minefield of confusion”, puede citar toda una serie de actos legislativos de sentido democratizante en los ss. IV y III (ibid.). Que el ciudadano común participase en comitia y contiones, en elecciones, legislación, juicios y en todas las formas de vida “pública”, no significa en todo caso que la cultura política romana fuera democrática; al contrario, ello era el supuesto de la existencia de la clase política aristocrática –arguye, contra Millar, K-JH. Pero éste reconoce que el populus era “la última fuente de legitimidad”; si es así –y si la dicotomía aristocracia-democracia está dated (“pasada de moda”)-, es posible llamar “democrática” a esa fuente de legitimidad y ver allí el elemento democrático del sistema político romano –sujeto a variaciones y tensiones del s. IV al I, claro está. La disputa puede ser, en parte, nominalista.
Mas, si RRR parte de la polémica con Millar, es notorio que el interés que presenta es más amplio. Como se ha visto, no tenemos en esta obra una “historia de Roma” de tipo tradicional –por períodos o por “temas”-, sino un intento de conceptualización y problematización que, en este sentido, interesará sobre todo al especialista. Mientras muchos historiadores han solido emplear conceptos o categorías dando simplemente por supuesto su significado –“aristocracia”, por ej.-, y en tanto se descuidó en el pasado los aportes de otras disciplinas, K-JH nos muestra nuevas posibilidades. Conceptos tomados principalmente de las ciencias sociales, como “clase política” (incidentalmente, este término proviene de Gaetano Mosca, el sociólogo de la Italia fascista), “consenso”, “competencia”, “cultura política” y otros, son usados, no como fórmulas explicativas a priori, sino como aproximaciones para entender un aspecto de la historia de Roma antigua –y se validan, como hemos visto, por el resultado. En una discusión que no va a acabar tan pronto, el autor “reconstruye” así la república romana: de un modo sugerente, no cabe duda.
Erwin Robertson

Publicada en Limes  24/2011, pp. 198-204, Santiago, con numerosas erratas.


  

martes, 23 de julio de 2013

Entrevista

Por José Luis Ontiveros*
Santiago de Chile.- Entrevista a Erwin Robertson, director de la revista chilena Ciudad de los Césares*, historiador, catedrático universitario, helenista, experto en geopolítica, organizador del Encuentro de la América Románica de Política y Cultura Alternativas en Santiago de Chile (septiembre de 2013).
1.- Dada su trayectoria en la política cultural chilena ¿cómo define los 25 años de la revista Ciudad de los Césares, en cuanto que se plantea como alternativa al establecimiento cultural y político?
¡Veinticinco años! Tanto tiempo dejado atrás es una proeza para una revista independiente, sin medios y muy políticamente incorrecta, ¿no? Sin duda, fue para nosotros una aventura y una apuesta. La apuesta de dar forma a un pensamiento alternativo a las formas culturales de la Modernidad senescente. En esos (próximamente) 100 números está toda una visión del mundo, rica y variada, encarnada en pensadores y poetas que van de Julius Evola y Alain de Benoist al argentino Carlos Disandro y al chileno Miguel Serrano. También, una propuesta de acción política, que podemos resumir en la expresión “Frente de los Pueblos” contra la Global-Invasión. Y específicamente, en la llamada a la América Románica, como la hemos llamado, la América de las Patrias, que debe reencontrar su destino en la Segunda Guerra de la Independencia.
2.- ¿Qué propósito tiene la organización del Encuentro de la América Románica de Política y Cultura Alternativas para efectuarse en Santiago de Chile?
Un primer propósito específico, interno diría: la celebración y solemnización de los 25 años y 100 números de la Revista. Esos hitos no son de todos los días. Pero también un propósito más general, la posibilidad de reunirnos no sólo con nuestro público en Chile, sino también con nuestros amigos y colaboradores de toda la América Románica, con pensadores y hombres de estudio o de acción independientes de los centros del poder global, de Europa misma incluso. Nuevos consensos, nuevas formulaciones, pueden salir de aquí. Estos encuentros pueden ser modestos, si se miden con los términos de los carnavales mediáticos, pero, ya se sabe, con pasos de paloma avanzan los pensamientos que mueven al mundo.
3.- ¿Se puede hablar de un referente iberoamericano de una nueva cultura política o de una revolución cultural a la manera de Gramsci?
No diría tanto. Tenemos y hemos tenido pensadores americanos originales, como el mencionado Carlos Disandro; escritores como Miguel Serrano en Chile, o como usted mismo, en México. Pero, ¿un referente iberoamericano…? Sí, nuestra América ha dado nombres célebres a la literatura o al arte universales, pero no es simplemente de “nombres célebres” de que estamos hablando, ¿verdad? El futuro dirá si aquí se genera una nueva cultura (no solamente política); o si ha habido una “revolución cultural”, sea a la manera de Gramsci o a la de la nouvelle droite (la “Nueva Derecha” francesa, que no tiene que ver con lo que en nuestros países se llama “derecha”). En eso estamos. O tenemos que estar.
4.- Cambiando de tema, ¿Cuáles han sido las prioridades estratégicas de Chile en el Cono Sur? y complementariamente ¿se han mantenido como políticas de Estado u obedecido a los cambios de régimen, especialmente de la dictadura a la democracia?
Se puede decir que la política internacional de Chile, a lo largo del siglo XX, ha tenido como ideal una especie de “espléndido aislamiento”, a la manera inglesa, claro que sin la flota de guerra británica, lo que hace no poca diferencia. Quiere decir esto que Chile trató de mantener su independencia, moviéndose entre las potencias sin comprometerse demasiado con ninguna, en tanto el mundo fue multipolar, y sin asociarse a ningún bloque, ni siquiera a la región latinoamericana. Esta política tuvo momentos importantes, como la distancia de Chile frente al “panamericanismo” impulsado desde Washington a fines del siglo XIX, o la defensa de la neutralidad en la II Guerra Mundial, hasta 1943. A partir de esta guerra, por supuesto, tuvo que alinearse con EU, integrando las estructuras “panamericanas”, la OEA y el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), pero manteniendo en lo posible una digna política propia. En el trienio de la Unidad Popular, las relaciones con EU no fueron de no mucha simpatía recíproca, ¡pero en cambio se tuvo excelentes relaciones con la España franquista! El gobierno de Pinochet significó un re-alineamiento con EU, pero unilateral, porque Washington no pagó con la misma moneda, estableciendo el embargo de armas para el país, que pasaba por una situación exterior delicada. Se mantuvieron las relaciones con China y Rumania, entre los países socialistas, pero nos distanciamos del Tercer Mundo. El abandono del Pacto Andino puede verse como continuidad de la política de “espléndido aislamiento”, con el agregado del libre comercio. La democracia de la Concertación amplió sin duda el horizonte de las relaciones internacionales de Chile, pero sin innovar fundamentalmente en las grandes líneas políticas tradicionales. Así, Chile se unió al Mercosur, pero sin comprometerse demasiado con él. Ciertamente, la política internacional chilena se identificó con EU en mayor grado de lo que había sido antes. Por su parte, el gobierno de Piñera ha apostado en parte a la continuidad, manteniendo las buenas relaciones con Cuba y con Venezuela, y ha reiterado el apoyo a Argentina en la causa de las Malvinas. Todo esto, hay que considerarlo, en medio de muchas contradicciones y ambigüedades.
5.- ¿Cuáles son los puntos a su parecer más vulnerables en cuanto los intereses latinoamericanos en la Antártida?
El punto más vulnerable es que la globalización de la Antártida ha avanzado demasiado, en tanto que Chile y Argentina tienen una débil presencia militar y científica en el continente polar –creo que son los únicos países latinoamericanos en tenerla, tal vez también Perú. Sin embargo, son los países no sólo territorialmente más próximos a la Antártida, sino que han tenido en ella una presencia de casi un siglo y, sobre todo, se reconocen recíprocamente sus respectivos derechos territoriales, en la parte en que no se sobreponen. Pero falta la conciencia de que aquí, como en otras materias, la defensa eficaz de los derechos antárticos sólo es posible en forma conjunta por toda América Latina.
6.- ¿Existe una toma de posición geoestratégica respecto al espectro latinoamericano que incluya a Brasil y a México?
Diría que una visión geoestratégica tan amplia no existe. En alguna medida se dio tal vez, en el caso chileno, en el gobierno de Frei Montalva (1964-70). En forma parcial, hay precedentes: el ABC  propuesto por Perón, la unión de Argentina, Brasil y  Chile, a la que se agregaban Bolivia y Paraguay; la Declaración de Santiago (1952), que unió a Ecuador, Perú y Chile en la defensa de la zona marítima de 200 millas. ¡Quizás por primera vez, ahora, la “Alianza del Pacífico” une a Chile y México en una organización común! Pero habrá que ver su consistencia y perduración.
7.- A su parecer ¿El Cono Sur tiene ya una vertebración política y económica o no pasa en los hechos de una aspiración enunciativa?
Bien, una vertebración política importante es el UNASUR, la unión de defensa de los países del Cono Sur americano. Por primera vez esta materia se mira en común, allí donde lo habitual ha sido la hipótesis de conflicto con los vecinos. Seguramente falta todavía para que llegue a ser lo que postulaba Hugo Chávez, una alianza militar, incluso con fuentes de armamento propias, etc.
8.- ¿Cuál es la mayor enseñanza que como historiador chileno puede dar sobre las guerras fratricidas libradas en el s. XIX en que participara Chile?, particularmente el conflicto con Perú y ¿cuál es su opinión sobre la triple alianza contra Paraguay?
Las guerras latinoamericanas del siglo XIX deben verse como “guerras de sucesión” del imperio español, las que inevitablemente deberían reajustar el mapa continental. Pero hay una diferencia entre la guerra librada por Chile contra Perú y Bolivia (1879-1884), que permanece todavía en el imaginario popular de los beligerantes como una gesta heroica –que sin duda fue, por ambos lados-, y la guerra en los años 1860 de Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, que ya entonces fue reprobada por parte de la opinión en los países de la Triple Alianza, por lo menos en Argentina, y, hasta donde entiendo, hoy no es objeto de ninguna rememoración patriótica en los países vencedores. Lo que hay que entender es que esto es parte de nuestra historia, de nuestras glorias y de nuestras vergüenzas, y que debemos mirar hacia el futuro.
9.- ¿Avizora una lucha en el interior del Cono Sur por el protagonismo geopolítico que disputarían Chile, Argentina y Brasil?
Claro, en los años 1960 Argentina y Brasil se veían dispuestas a disputarse la hegemonía en el Cono Sur. Pero hoy Brasil parece haber dejado bastante atrás a Argentina, ¿verdad? Chile no me parece que aspire a algún “protagonismo”, si por esto se entiende una primacía de algún tipo –salvo tal vez de presentar una economía exitosa desde el punto de vista de las ortodoxias del mercado-; en parte, por lo dicho más arriba. Pero estas situaciones son siempre cambiantes, no conviene olvidarlo.
10.- ¿Cómo se observa a México desde Chile? dada su relación histórica, y en particular, ¿cuál es el significado –en su perspectiva- que ha tenido el exilio chileno a México?, resultado del golpe militar contra el gobierno del Doctor Allende.
Por cierto, México siempre ha sido visto con simpatía desde Chile. Ello se debe, en parte, a la obra de Gabriela Mistral, y también al cine mexicano de los años 50 y 60. ¡Diría que el extraordinario Cantinflas fue el mejor embajador de México, y seguramente no sólo en Chile! Es evidente, México fue un importante lugar de acogida para el exilio chileno de los 70 y 80, una oleada con preparación que se ha integrado a la sociedad mexicana, en cambio, de Alemania Oriental nos ha dado hasta una presidente de la República, con posibilidades, ahora, de ser reelegida.
* Analista de Inteligencia - México
Publicada en El Espía Digital,